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La legislación actual sobre arrendamientos urbanos, tanto de viviendas como de locales de negocio, es causa de una gran conflictividad entre arrendadores y arrendatarios. Cuando una de las partes incumple lo dispuesto en la normativa aplicable o lo establecido en las condiciones pactadas en el contrato de arrendamiento se comete una infracción contra lo dispuesto en la L.A.U. Disponer de las pruebas necesarias en los casos de incumplimientos de obligaciones es fundamental antes de iniciar un proceso de resolución de contrato.

· No utilización de la vivienda arrendada como vivienda habitual.
· Dedicación de la vivienda o local para fines distintos de los contractuales.
· Realización de actividades molestas, insalubres, nocivas o peligrosas.
· Cesión de la vivienda sin consentimiento del arrendador.
· Subarriendo parcial o total sin consentimiento del arrendador.
· Fallecimiento del titular del contrato sin haber sido notificado al arrendador.
· Subrogaciones indebidas por no cumplir los requisitos previstos en la ley.
· Informes de situación ocupacional; identidad de los verdaderos ocupantes de una vivienda arrendada.
· Daños dolosos. Ejecución de obras sin consentimiento del arrendador.
· Tenencia de huéspedes de modo diferente al previsto por la ley.
· Informes de solvencia de arrendatarios.
· Recuperación amistosa de bienes inmuebles
· El arrendatario es propietario de una vivienda libre de arrendatarios en el municipio o zona próxima y de        características análogas a la vivienda arrendada.